Recientemente se hizo una reforma a la Ley de Hidrocarburos. El Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales (CIERN) organizó este conversatorio con Anasol Muñoz y Bernardo de la Garza para discutir las implicaciones económicas, sociales y legales que se esperan tendrá esta reforma. Juan Carlos Belausteguigoitia modera.

Implicaciones legales de la reforma 

Para comenzar, Bernardo de la Garza, analista independiente, comenzó su intervención con las implicaciones legales de la reforma. Afirma que los términos que se utilizaron para redactar la Ley son muy ambiguos, lo que permite que las interpretaciones sean múltiples. A su vez, comenta que la reforma desincentiva la inversión por el poder que se le otorga a PEMEX en cuanto a la revocación de permisos. “Idealmente, la discusión no sería sobre el petróleo, sino que debería ser sobre la manera en la que vamos a llegar a ser una economía que funcione sin energía fósil”, comenta de la Garza. Asegura que el cambio a las energías renovables no será una transición rápida y entre más se postergue la transición, más costoso será lograrla.

Implicaciones para el mercado

Anasol Muñoz, de Trafigura México, explicó las implicaciones para el mercado en consecuencia de la reforma. Asegura que invertir en la producción no va a abaratar los combustibles debido a que el verdadero problema se encuentra en la distribución. El sistema de distribución que tenemos en el país encarece el suministro nacional. “Invertir en terminales de almacenamiento y en infraestructura debería ser prioridad, en vez de invertir en la producción”, comenta Muñoz. Asimismo, afirma que la inversión por parte del sector privado es necesaria para poder minimizar los costos, hacer la distribución más eficiente y que el consumidor tenga más opciones.

Ambos ponentes junto con el Dr. Belausteguigoitia aseguraron que el cambio se logra con la aplicación de leyes, no con la emisión de ellas. La reforma pretende aumentar el poder de PEMEX,  además de adjudicarle responsabilidades que antes no tenía (responsabilidades que resultan costosas) y acomete en contra de la competencia. En vez de verse beneficiado por la reforma, el consumidor final será el que pague por la “soberanía energética”. 

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