El 8 de septiembre de 2022, tuvo lugar el Seminario de Perspectivas Jurídicas. El evento inaugurado por Alejandra Peralta, Directora de Desarrollo y Comunicación Institucional, contó con cuatro mesas de discusión, en las que participaron expertos en temas de la industria Fintech en México, energía e inteligencia artificial, así como expertos en grupos en situación de vulnerabilidad. Este evento se realizó, por primera vez desde la pandemia, en el Auditorio Raúl Baillères.

Desafíos de la formación jurídica

En la primera mesa de discusión participaron Magdalena Hambleton,  Juan Jesús Garza Onofre, Pedro Salazar Ugarte y Ana Zorrilla. La discusión giró alrededor de la formación jurídica, ¿qué retos existen actualmente?

Para comenzar, Magdalena Hambleton, profesora de la Universidad Panamericana, habló de los desafíos que nos dejó la pandemia en la educación, sobre todo la formación jurídica.  Asimismo, aseveró que es imperativo crear un código de ética digital, transparencia e integridad académica, que se ajuste al nuevo contexto pospandemia.

«Los estudiantes en desventaja tienen que tener acceso a la tecnología, se tienen que formar planes completos de apoyo para los estudiantes que se encuentren en esta situación» comentó la profesora Hambleton

Por su parte, Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuestionó el monopolio que tienen los abogados sobre el lenguaje y sobre la necesidad de enseñar derecho aplicado. «La formación de los abogados debe ir más allá de la escuela de derecho», afirma Garza.  Asimismo, Pedro Salazar,  exdirector del mismo Instituto, afirmó que se debe enseñar un derecho interdisciplinario que permita enfrentar los nuevos retos.

Para finalizar la discusión, Ana Zorrilla, profesora del Departamento Académico de Derecho, afirmó que tiene que haber una reestructuración del sistema educativo del derecho. Aseguró que la regulación de la apertura de escuelas de derecho es necesario, ya que por lo general tienen pocos requisitos para ser creadas. «Las escuelas de derecho necesitan tener más requisitos para las personas que egresan, además de procurar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas y sobre todo, regular la práctica profesional de cualquier egresado», concluyó Zorrilla.

Derecho y grupos en situación de vulnerabilidad

En la siguiente mesa, en la que se discutió sobre el derecho y los grupos en situación de vulnerabilidad, participaron las magistradas federales Ileana Moreno y Paula García Villegas, junto con Jorge Peniche, codirector de Justicia Transicional de México.

Para comenzar, los ponentes definieron a un grupo en situación de vulnerabilidad. «Un grupo está en situación de vulnerabilidad cuando por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia», definió García Villegas.

A continuación, Jorge Peniche comentó que un lugar de alta vulnerabilidad ocurre cuando el Estado está ausente. Además, aseguró que es importante pensar en interseccionalidad al momento de hablar vulnerabilidades.

«Las personas pueden caer en múltiples situaciones de vulnerabilidad,  por lo que las personas pueden ser afectadas por distintas vulnerabilidades», afirmó Peniche.

Por su parte, Paula García Villegas, afirmó  que dado el alto número de grupos en situación de vulnerabilidad en nuestro país, es necesario gestar políticas públicas y legislativas en pro de estos grupos.  A su vez, habló sobre la necesidad de ir más allá de los protocolos para la defensa de los derechos, dado que el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que accede a la justicia es muy bajo.

Para finalizar, Ileana Moreno afirmó que los protocolos deben ser actualizados constantemente para mantenerlos a la par de las nuevas prácticas y la nueva metodología. «Los protocolos son documentos de soft law que no necesariamente aplican a casos particulares. Es importante destacar las relaciones de poder y cómo estas afectan jurídicamente a una persona en especial», concluyó Moreno.

Nueva realidad entre derecho y energía

En la tercera mesa de discusión, en la que se habló sobre la energía y el derecho, participaron Juan Pablo Gómez Fierro, juez federal, Julia González Romero,  consejera en González Calvillo, Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del Partido Acción Nacional y Juan Carlos Belausteguigoitia, Director del Centro de Energía del ITAM.

Para iniciar la discusión, la senadora Gálvez destacó que la energía es un derecho humano. Por ello, un programa que impulsó arduamente fue el de llevar energía a pueblos indígenas. «En los pueblos en los que logramos llevar electricidad, pasamos de 60% a un 90% de cobertura.  Es un gran logro porque ¿qué sería de nuestra vida si no tuviéramos energía?», afirmó Xóchitl Gálvez.

Por su parte, Julia González Fierro, habló sobre los cambios que se han dado en el marco jurídico del sector energético. «Recientemente se hicieron modificaciones a los certificados de energía limpia: solo las centrales nuevas podían emitir certificados. Esto, naturalmente, le siguió una ola de amparos para efectos generales», comentó González Fierro.

Para concluir, el profesor Belausteguigoitia destacó el marco jurídico de lo energético y su repercusión en los nuevos desafíos como el cambio climático y la seguridad de la energía. Juan Pablo Gómez Fierro, por su parte, habló de la función que le corresponde al juez en la nueva etapa energética en México.

La industria Fintech en México

En esta mesa participaron Rocío Robles, socia de TENET Consultores, Luis Arias, profesor de Instituciones Financieras del ITAM, Vicente Fenoll, fundador y CEO de Kubo Financiero y Noé Castañón, senador de Movimiento Ciudadano.

Moderada por la profesora del Departamento Académico de Derecho , Rosa María Rojas, la mesa tuvo como principal objetivo discutir la situación actual de la industria Fintech en nuestro país, así como el impacto que esta ha tenido sobre el sistema financiero. Asimismo, se abordaron los principales desafíos que enfrenta México en materia de regulación, ciberseguridad e inclusión financiera.

Actualmente, la ley que regula a estas tecnologías financieras (comúnmente conocida como la ley fintech) en México solo supervisa dos tipos de instituciones: las de financiamiento colectivo (crowfunding) y las de fondo de pago electrónico. Sin embargo, su implementación ha generado un importante rezago en el número de solicitudes de empresas interesadas en este modelo de negocio. Los expertos concluyeron que, si bien es cierto que es necesaria una regulación para proteger el patrimonio y la información del usuario, esta se debe simplificar y optimizar si es que queremos estar a la vanguardia y que México no pierda ese atractivo para los inversionistas.

Por otro lado, también se hizo hincapié en que la regulación de las fintechs debe promover la inclusión financiera, es decir, la incorporación de cada vez más usuarios a este sistema. Para lograrlo, los panelistas estuvieron de acuerdo en que se debe digitalizar el dinero.  Finalmente, la mesa concluyó que aún existen “huecos” que necesitan ser regulados, especialmente de industrias emergentes como los sandbox, para así poder evitar que estos agujeros den pauta a un mal uso de las tecnologías.

Mesa de análisis “Inteligencia Artificial y Derecho”

La mesa estuvo encabezada por Cynthia Solís, Socia Directora de LEXINF, Robert Ivanschitz, Director Jurídico y de Asuntos Corporativos de Microsoft Latinoamérica y Joyce Sadka, Jefa del Departamento Académico de Derecho del ITAM. Fue moderada por el presidente de CAEITAM, Ricardo Corona.

El tema principal de la plática fueron las herramientas tecnológicas que se utilizan para eficientar el trabajo judicial, sus implicaciones y los criterios que se deben emplear para regularla. En el transcurso de la mesa, se puntualizó en numerosas ocasiones que la tecnología ya es una realidad que está presente en múltiples aspectos de nuestra vida y que esta no es ni buena ni mala por sí misma, sino que depende del uso que le demos.

Asimismo,  se abordó la preocupación sobre que la inteligencia artificial eventualmente reemplace a los abogados, jueces y demás agentes de la ley. Los expertos manifestaron que no hay que perder de vista el papel de la tecnología como fuente de apoyo: no debemos caer en el error de querer tratar a la tecnología como a un ser humano. Si bien las metodologías de machine learning pueden emplearse para realizar labores y trámites exhaustivos o repetitivos, el encargado de impartir la justicia siempre será el juez. De ser utilizada correctamente, la inteligencia artificial agiliza los procedimientos legales y le brinda una ventaja a los abogados que la emplean frente a los que se muestran reacios a incorporarlas a su ambiente laboral.