En un contexto marcado por intervenciones del poder político, cambios tecnológicos y presiones estructurales, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) fue sede del conversatorio «El futuro de la libertad de expresión».
Organizado en conjunto con la Maestría en Derechos Humanos y Garantías del ITAM, el encuentro reunió a voces referentes en la materia para debatir los riesgos actuales que enfrenta este derecho fundamental tanto en México como en la región.
El panel estuvo conformado por Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; Leopoldo Maldonado, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU; y Mariana Calderón, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, bajo la moderación de Martha Tudón (ARTICLE 19 MX) y con la participación de Raymundo Gama, Director de la Maestría en Derechos Humanos y Garantías del ITAM.
Obligaciones del Estado y desinformación: La postura de la CIDH
Pedro Vaca, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfatizó que la responsabilidad estatal abarca obligaciones tanto negativas como positivas. Entre estas últimas destaca la urgencia de investigar, sancionar y erradicar las causas de riesgo para los periodistas, especialmente en entornos de agresiones constantes.
«La democracia debe ser el sistema que permite la convivencia y el debate, incluso entre convicciones opuestas.» — Pedro Vaca
Asimismo, advirtió sobre diversos riesgos contemporáneos:
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Uso coercitivo del concepto: Actores políticos y económicos manipulan el discurso de la libertad de expresión para justificar intereses particulares mediante visiones absolutistas o restrictivas.
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Control del relato: Mostró preocupación por intentos regulatorios que pretenden definir la «verdad» desde el Estado o encomendar la verificación de hechos a órganos oficiales desprovistos de independencia real.
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Prioridad en la seguridad: En zonas con altos índices de violencia, el acceso a la información no depende de nuevas leyes de audiencias, sino de garantizar la seguridad física de quienes ejercen el periodismo.
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Inversión pedagógica: Defendió que la regulación no debe centrarse únicamente en normativas, sino en impulsar la alfabetización digital.
Infraestructura digital y autocensura: Las reflexiones de la ONU
Por su parte, Leopoldo Maldonado, Relator Especial de la ONU, centró sus intervenciones en la crítica a la regulación excesiva de contenidos y en las dinámicas que impulsan la autocensura.
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Audiencias inteligentes: Afirmó que la ciudadanía no requiere «tutelaje estatal» ni órganos ejecutivos que etiqueten qué es verdad. Las personas poseen capacidad de discernimiento cuando se promueve la conversación pública abierta.
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Foco en la infraestructura: Planteó que el debate regulatorio actual debe orientarse a la propiedad y arquitectura de las plataformas digitales, más que al control de los mensajes que circulan en ellas.
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La nueva mecánica de la censura: Destacó que el mecanismo de silenciamiento más eficaz hoy en día no es la prohibición directa, sino el miedo a represalias, costos financieros y acosos judiciales que derivan en la autocensura de periodistas y ciudadanos.
Principios probatorios y acoso judicial: Perspectiva del Litigio Estratégico
Para Mariana Calderón, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, la premisa rectora ante cualquier conflicto de derechos debe favorecer siempre la libertad de expresión mediante una adecuada ponderación, evitando soluciones automáticas que la restrinjan.
Calderón subrayó la dimensión social de este derecho: no pertenece solo al emisor, sino a las audiencias que ejercen su derecho a escuchar, analizar y debatir.
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